La crisis de las prejubilaciones y ERE en Andalucía, concedidos de una manera irregular, con dinero de otras partidas y sin control, con procedimientos ocultos, no transparente y sin normativa reguladora que sirviera para decidir con cierta justicia quien si y a quien no se le concedía favores o premios, va a representar un serio problema para los socialistas andaluces.
Estamos a escasas semanas de que se cambien gobiernos de ayuntamientos y comunidades autónomas, en Andalucía —territorio en donde es previsible que haya cambio por primera vez en su historia democrática— estará en toda la campaña electoral el tema de los ERE como un arma arrojadiza que impedirá que se sepa la verdad hasta después de las elecciones, por mucho que ya es la justicia andaluza la que está investigando el asunto, que tiene mala pinta. Pero en el resto de España también se empleará como arma de confrontación contra otras presuntas actuaciones de corrupción del PP. Y mientras tanto los ciudadanos seguirán sufriendo el paro, la crisis, la desafección.
Si malo es que se comentan ilegalidades, y veremos si con corrupción o no, peor es que no se de la cara, se ofrezcan explicaciones, se abran a investigaciones solicitadas, que al menos serviría para clarificar y evitar dudas que manchan a toda la clase política.
Y en el Parlamento andaluz han evitado que se abriera una comisión de investigación para investigar estos procesos de momento extraños. Las próximas semanas serán importantes para adivinar hasta donde se han cometido acciones con empresas en crisis y trabajadores en desempleo, que escapaban a la igualdad que por ley tienen todos los españoles y en esta caso, todos los andaluces.