Las familias que pierden su vivienda por ejecuciones hipotecarias va en aumento y se habla ya de 300.000 familias en España que han perdido su vivienda al tener que dejar de pagar su hipoteca por la crisis. La mayoría de ellas era su vivienda habitual y el futuro que les queda es tremendo.
No hemos sabido medir los riesgos en la década anterior a la crisis, ayudados por los bancos que deseaban conceder cuanto más mejor. Se han firmado hipotecas sin posibilidades suficientes de ser amortizadas, ayudados por intereses muy bajos y periodos de amortización muy largos. Y los bancos se apoyaban en avales familiares y en el convencimiento de que la vivienda nunca bajaba de precio.
La situación actual es compleja pues la vivienda sigue bajando de precio y la garantía de la misma para ser entregada como dación por la deuda no cubre este y mucho menos los intereses de demora y los enormes gastos que lleva acompañado todo embargo.
Es un problema social que deberíamos resolver. Estudiando por ley unos intereses de demora lógicos, la refinanciación a más años de la pendiente añadiendo avales si fuera necesario, avalando desde bancos públicos estas nuevas operaciones, modificando los procesos de subastas, exigiendo a los bancos más control en la concesión de hipotecas, creando un potente banco de vivienda sociales en alquiler, para las familias que pierden su vivienda habitual por embargos.