El grado crítico de violencia que sufren países como Colombia y México causado por el narcotráfico en Latinoamérica, vuelve a abrir el viejo debate sobre la legalización de la droga. Los mandatarios de Guatemala y El Salvador, Otto Pérez y Mauricio Funes, han llamado a analizar la opción de regular el comercio del tráfico de estupefacientes, y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha recogido la idea diciendo que no se opondría a un debate “serio y riguroso”. Estos pronunciamientos de líderes centroamericanos refuerzan la línea abierta en noviembre por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que opinó sobre la legalización de la marihuana y la cocaína si eso permitía “erradicar la violencia del narco”, y consolidan el primer frente gubernamental crítico con la política de prohibición total liderada por Estados Unidos. Incluso el Gobierno de Felipe Calderón en México –principal valedor de la estrategia estadounidense de fuego y represión penal–, a cinco meses de terminar su mandato, ha aceptado la idea de poner el problema sobre la mesa. Su ministra de Exteriores, Patricia Espinosa, reconoció que es necesario promover el debate “a nivel internacional”.
Esta incipiente corriente de cambio, este posible cambio entre los que mandan ahora en América Latina, robustece el sólido movimiento regulacionista que ya formaban algunos de los que gobernaban antes en algunos países de América Latina, y que, sin sillones presidenciales en juego, se posicionan contra el modelo que impone Estados Unidos. “Su política ha fracasado”, sentenció hace unos días en el Foro Drogas de Ciudad de México el expresidente Brasil Fernando Henrique Cardoso. César Gaviria, exmandatario colombiano y correligionario de Cardoso en la Comisión Global sobre Políticas de Droga se explayó en el mismo congreso contra el veto de Washington al esbozo de un nuevo modelo: “¿Vamos a seguir poniendo nosotros tantos muertos, porque ellos no sean capaces de discutir el problema?”.
Los asesinatos y la corrupción institucional se expanden entre el norte de Sudamérica, zona mayoritaria de producción de la droga, y Estados Unidos, centro mundial del consumo, asolando cada vez más la zona intermedia de las rutas del narco: Centroamérica y México. El Salvador y Guatemala ocupan el segundo y el séptimo puesto en la lista de países con más homicidios publicada en 2011 por la ONU con datos de 2010. Ese año murieron asesinados 66 de cada 100.000 salvadoreños y 41 de cada 100.000 guatemaltecos. Los focos, sin embargo, miran hacia la sangría mexicana, proporcionalmente menor, pero de unas medidas desmesuradas. En los últimos seis años, según cifras oficiales, han muerto 47.500 ciudadanos por crímenes vinculados al mundo del tráfico de drogas, y la tasa de homicidios se ha doblado de 10 a 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes con respecto a 2006, final del mandato de Vicente Fox. El expresidente mexicano Ernesto Zedillo, miembro de la Comisión Global, dijo que la situación de su país es “trágica” y denunció que el virus de la narcoviolencia es indesligable de las “políticas equivocadas de los grandes países consumidores”.
La tradicional estrategia antidroga pierde fuelle económico y cuajo político mientras se aviva por primera vez en las élites de gobierno latinos el enfoque regulacionista, que apuesta por bloquear el motor del crimen haciendo emerger a la superficie legal el submundo comercial de los narcóticos y reorientar el gasto público hacia políticas de prevención del consumo y de tratamiento de las adicciones. El próximo movimiento podría tener lugar en la Cumbre de las Américas, 14 y 15 de abril de 2012 en Cartagena de Indias, Colombia. Otto Pérez ha anunciado su propósito de utilizar esta cita como plataforma de lanzamiento formal del debate. Sobre el tablero internacional y por ahora, sigue enrocado en su casilla los EEUU.