Puede parecer extraño que el Gobierno de Franco se pusiera en contacto con Santiago Carrillo el 20 de diciembre de 1973, en los años finales de la dictadura, en el mismo día en que se asesinó a Carrero Blanco. Pero estos contactos existieron y están documentados e incluso se consideran lógicos en el devenir de la política de gestión. Buscaban dos metas claras desde los servicios secretos del Franquismo.
Por una parte tranquilizar al Partido Comunista de que tras el atentado no se iba a actuar indiscriminadamente contra los militantes clandestinos pero fichados, que en España tenían ideología comunista y llevaban muchos años de forma escondida defendiendo sus ideas. Siempre eso sí, controlados por la policía, reconociéndose ambas partes, y jugando a detenerse y esconderse de sus acciones.
Y por otra parte la de saber el Gobierno si aquel hecho sería utilizado por las fuerzas menguadas pero muy persistentes del Partido Comunista clandestino, para organizar altercados en las calles.
El Gobierno sabía antes del atentado que algo se estaba fraguando en forma de secuestro o de atentado contra alguna figura importante del Estado. Se había desestimado claramente un atentado contra Franco pues las medidas de seguridad eran muy altas, aunque no lo eran las de Carrero Blanco, con unas costumbres fijas que no quiso cambiar, excepto modificando levemente sus recorridos.
Eran años de miedo, en la sociedad que creía que tras la muerte de Franco volvería otra guerra civil, y en el gobierno que sabía del apoyo que tenían los presuntos comunistas en la España de entonces, por parte de una URSS muy cabreada con el mundo occidental. Sólo habían pasado cinco años de la invasión de Checoslovaquia o del mayo del 68. Así que no se trataba tampoco de cabrear sin medida al ogro tranquilizado por su propia crisis económica.
Torcuato Fernández Miranda toma desde el mismo día del atentado los mandos de un gobierno muy preocupado, donde había auténticos miembros duros del Franquismo más oxidado. Y decide desde el primer momento que aquello no puede desestabilizar el momento, negándose a declarar el Estado de Excepción.
Pero tanto los mandos de la Guardia Civil como algunos ministros no admiten con facilidad estas órdenes y plantean sacar a sus huestes a la calle para buscar a los culpables, y en el caso de la Guardia Civil se dan órdenes de entrar si fuera necesario en las ciudades para repeler cualquier atisbo de choque con la población civil empleando las armas. Es decir, saltándose la responsabilidad de los Gobernadores Civiles de entonces. Saben que el fallecido era la cara visible del Franquismo más duro, más anclado en el pasado, y se ha perdido la oportunidad de eternizarse en sus cargos.
Con los años han surgido posibles apoyos externos al comando terrorista que realizó el atentado, por las pocas simpatías que Carrero Blanco despertaba en los que diseñaban la Transición desde los poderes más altos. Pero eso podría ser para otra entrada.
