Sabíamos que la implantación de la nueva Ley de Eutanasia en Aragón no iba a ser sencilla pues sin duda representa un tema en donde las conciencias de los profesionales, las ideologías o los motivos religiosos tienen un peso importante. La eutanasia como práctica médica no es obligatoria para los profesionales médicos, y en la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo ( Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en vigor desde el pasado 25 de julio) se fijan las normas para que los pacientes puedan acudir a estas ayudas de "buena muerte" y regula la objeción de conciencia de los profesionales.
A fecha de 25 de noviembre de 2021, había 523 médicos en Aragón que ya habían planteado su objeción de conciencia para cumplir con la voluntad expresa de una persona para evitar un sufrimiento añadido a los últimos momentos, meses o años de su vida por enfermedades graves, incurables y con padecimientos graves físicos o psíquicos y crónico e imposibilitante sobre sus actividades físicas de la vida diaria.
A los 523 médicos se han sumado 90 profesionales de enfermería y 6 farmacéuticos. Representan algo más del 12% del total de profesionales, que es una cifra alta.
El doctor Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, explica que la posición del organismo colegiado es clara. “Tenemos una ley aprobada y en vigor, y somos conscientes de que no se ha acompañado del desarrollo necesario, ha sido un proceso algo precipitado; la implementación de los procedimientos que hay que seguir no se han difundido de la forma adecuada. Debería haber estado mejor planificada, y dotar así a los profesionales de una formación más consistente, extensiva a sanitarios y parasanitarios, además de tratar de hacerla llegar a la población: no estaría de más. La ley llegó acompañada de cierta polémica, por las implicaciones morales e ideológicas que conlleva. Los profesionales aún no tenemos una conciencia plena sobre su desarrollo y, por desgracia, la realidad sacude en cualquier momento. Esperemos que no sea así, pero pueden repetirse pronto situaciones como la ocurrida en Las Fuentes. Abordar este asunto requiere de procesos más sólidos, pensados y participativos”.
Sobre la mesa está el desarrollo de la Ley, su puesta en funcionamiento, y es posible que lo deseable sería que entre todas las partes implicadas intentaran evitar que no fuera como en otros países, un derecho ciudadano para la parte de la sociedad que sí puede permitirse los costes de la Eutanasia Privada, y se quedaran fuera los pacientes que no tienen las mismas opciones económicas. pero no es un asunto sencillo y lo sabemos.
Julio Puente - Miembro del Consejo de Salud de Aragón