Cuando el jueves 11 de marzo del año 2004 Madrid se tambaleó por el terrorismo islamista a primeras horas de la mañana, España abría un paréntesis de complicada gestión que nos movió algunos cimientos de nuestra vida política.
Los 193 muertos de aquel momento en tres estaciones de Cercanías y los más de 2.000 heridos de todo tipo de once nacionalidades diferentes, abrían un periodo de ataques terroristas por Europa del que hubo que defenderse abriendo diversos procedimientos de contra vigilancia que todavía hoy siguen vigentes, 18 años después.
Los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales de 2004. Los dos principales partidos políticos españoles —Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— se acusaron mutuamente de ocultar o distorsionar información relativa a los atentados por razones electorales. Había sido el segundo mayor atentado en Europa detrás del derribo en Lockerbie de un avión en el año 1988.
Inicialmente, el gobierno español del PP culpó a ETA del ataque, y presionó para que la ONU aprobara la resolución 1530, mencionando a ETA como autora del atentado. Sin embargo, al día siguiente ETA negó categóricamente su participación en los hechos, y un diario británico publicó un correo electrónico de un grupo extremista llamado por ellos mismos como un grupo islámico, las Brigadas de Abu Hafs al Nasri, haciéndose responsable del ataque.
El comunicado de las Brigadas de Abu Hafs en el Masri (Al Qaeda), decía que el ataque era en respuesta a los conflictos de Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira, acusando a España de formar parte de una cruzada contra el islam, junto con Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos, y amenazando con continuar sus ataques terroristas, a menos que se detenga la llamada guerra global que ellos identificaban como una guerra contra el islam.
Los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales de 2004. Los dos principales partidos políticos españoles —Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— se acusaron mutuamente de ocultar o distorsionar información relativa a los atentados por razones electorales. Había sido el segundo mayor atentado en Europa detrás del derribo en Lockerbie de un avión en el año 1988.
Inicialmente, el gobierno español del PP culpó a ETA del ataque, y presionó para que la ONU aprobara la resolución 1530, mencionando a ETA como autora del atentado. Sin embargo, al día siguiente ETA negó categóricamente su participación en los hechos, y un diario británico publicó un correo electrónico de un grupo extremista llamado por ellos mismos como un grupo islámico, las Brigadas de Abu Hafs al Nasri, haciéndose responsable del ataque.
El comunicado de las Brigadas de Abu Hafs en el Masri (Al Qaeda), decía que el ataque era en respuesta a los conflictos de Afganistán, Irak, Palestina y Cachemira, acusando a España de formar parte de una cruzada contra el islam, junto con Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos, y amenazando con continuar sus ataques terroristas, a menos que se detenga la llamada guerra global que ellos identificaban como una guerra contra el islam.