El reto migratorio en España es tremendo, y ni es nuevo ni ha aparecido de golpe. Llevamos meses sabiendo que en este 2024 se produciría el doble de llegadas. Hemos tenido tiempo para buscar soluciones.
Es cierto que sin el apoyo del Congreso de los Diputados es casi imposible tener soluciones. Como es cierto también que en Canarias es inaguantable la situación y hay que buscar con urgencia un cambio normativo.
Si es imposible modificar las Leyes de Extranjería para que se puedan repartir proporcionalmente y por obligación las personas que llegan a España sin papeles, es decir, sin posibilidades legales de ser repatriadas, o bien se legisla por Decreto ley o bien se disuelven las Cortes Generales de urgencia para intentar buscar unas alternativas.
Canarias no puede estar al viento de la incapacidad, tampoco Ceuta o Melilla, ni Murcia o Almería si se diera el caso. Todo lo demás es incapacidad. Y no es de recibo.
Los españoles tenemos que responder con nuestro voto, incluso equivocándonos a veces, pues es la única manera de que la democracia sea creíble.
Y nos guste o no nos guste, seamos capaces de entenderlo o de no entenderlo, pero hay que explicar muy bien a todos los españoles qué supone de positiva y de negativa esta realidad europea, por no decir mundial.